Hay puestos en la Administración del Estado que cuando funcionan y cambia el gobierno de turno, son inmediatamente ocupados por políticos que prestaron servicios y fueron fieles al que gana las elecciones.
Esto viene ocurriendo con la DGT desde su creación y ha vuelto a repetirse con el recién nombrado director general.
En una gestión en la que los errores o los aciertos tienen que ver con pérdida de vidas humanas, no se puede andar con experimentos, sobre todo porque, con raras excepciones, los directores que se nombran no conocen los problemas hasta que pasado algún tiempo comienzan a tener una idea.
No dudo de las capacidades del recién nombrado en otras materias, pero el funcionamiento de la DGT requiere conocimientos y decisiones cuyas consecuencias afectan, nada menos, que a la seguridad de la circulación en España.
Este sistema de cambios nombrando políticos en lugar de profesionales, tuvo una excepción que es justo recordar; el nombramiento de Pere Navarro, el balance de su gestión arrojó las mejores cifras en todo el histórico de la DGT.
Su sucesora, María Seguí, pudo, gracias a lo heredado, continuar la racha de aciertos pero su renuncia en plena gestión dejó inéditos sus resultados y volvemos a encontrarnos con el inquietante aumento de la cifra de víctimas del tráfico.
Acabo de escuchar al nuevo director decir que entre sus medidas no figura el aumentar las sanciones, él verá lo que hace.
Mucho me temo que si no está dispuesto a emplear la mano dura sin preocuparse de lo que es “políticamente correcto”, que le valió a Pere Navarro las más duras críticas, entre ellas las mías, al nuevo director general le va a resultar muy difícil igualar o disminuir los resultados conseguidos por aquel.
Es triste reconocerlo, pero en los países más civilizados de Europa, la severidad del castigo de los delitos de tráfico son los que mejores resultados arrojan y vale si ello significa salvar vidas humanas.
