La nueva Ley de Seguridad Vial, que entrará en vigor el próximo día 25, incrementará la recaudación de la Dirección General de Tráfico por multas en un 20 por ciento y en más de un 50 por ciento la de los ayuntamientos, según cálculos de la organización de defensa del automovilista Dvuelta.
En relación a las multas impuestas por la DGT, Dvuelta advierte de la contradicción entre declaraciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que recientemente ha dicho que con la nueva Ley se recaudará menos, para en otra ocasión, argumentar que serviría para evitar el impago de un 25 por ciento de las multas que se imponen.
Esto quiere decir que si la recaudación prevista para este año en los presupuestos del Estado para multas de tráfico es de 432 millones de euros (descontando ese 25 por ciento ‘incobrable’ que el ministro afirma que existe) habría que añadir la cuarta parte de esa cantidad.
Y si se descuenta un pequeño porcentaje en concepto de errores y tramitaciones defectuosas, calcula Dvuelta, la DGT ingresará en los próximos 12 meses casi 490 millones de euros, lo que representa casi un 250 por ciento más que en 2005.
En el caso de los Ayuntamientos la subida será aún mayor, ya que la presión sancionadora ha crecido a ritmos mucho más altos que los de la de la DGT, asegura Dvuelta, que explica que sólo el Ayuntamiento de Madrid ingresó en 2009 casi 300 millones de euros y con la nueva Ley puede llegar a los 450 millones este año, de forma que un sólo ayuntamiento recaudaría por multas casi tanto como la DGT, cuya competencia abarca toda la red nacional de carreteras.
En este contexto sólo desde que se aprobó la Ley de Seguridad Vial a finales del año pasado hasta su actual entrada en vigor, Dvuelta ha atendido más de 10.000 peticiones de información, mientras que la demanda de servicios jurídicos ha crecido un 60 por ciento.
La principal duda de los conductores se refiere a cómo defenderse si se acogen al descuento del pronto pago, acción que impide la nueva ley, ya que acogerse a esta fórmula supone la renuncia a la defensa y convalida de forma automática la pérdida de los puntos que pueda llevar aparejada la sanción económica.
Según Dvuelta, la nueva Ley, con el acortamiento del procedimiento, culmina la máquina de generación automática de ingresos por multas que comenzó con la instalación masiva de radares y continuó con la automatización de las notificaciones.
En la práctica, la eliminación de lo que el ministro del Interior ha calificado como ‘farragosa hojarasca administrativa’, representa la suspensión de las garantías que la Constitución otorga a un ciudadano en sus relaciones con el Estado, añade la organización, concluye Dvuelta.
