Los fabricantes de automóviles instalados en España han expresado de forma unánime su cautela ante el ordenamiento de las ayudas públicas que, por 800 millones de euros, el Gobierno va a repartir entre ellos, a la espera de conocer la Orden Ministerial encargada de regularlas. El Ministerio de Industria publicará el próximo jueves dicha norma, tal como anunció el lunes el titular, Miguel Sebastián.
Dentro de esa cautela, Seat ha sido uno de los fabricantes que lo ha dejado más claro, pues en opinión de un portavoz, considera que tiene «argumentos suficientes» para solicitarlas al ser el único que dispone de un Centro Técnico y de Investigación y Desarrollo (I+D) en España, en concreto en su planta de Martorell (Barcelona).
La compañía que preside Erich Schmitt cree que la disposición de un centro de estas características será un factor clave a tener en cuenta por Industria.
El Seat híbrido Seat presentó el lunes el prototipo de un coche híbrido, que combina el motor eléctrico con el de combustión, y que ha sido desarrollado íntegramente en Martorell y desde la firma española se apunta que «es sólo una muestra de todo lo que se hace» en el Centro Técnico.
Renault aseguró que «vamos a ir a por todas las ayudas económicas que se puedan dar para el automóvil, si se corresponden con nuestros objetivos y prioridades, pues en un ámbito global son necesarias para reanimar la producción en este contexto de crisis».
Ford, por su parte, reconoció que está interesada en desarrollar proyectos de innovación y tecnología en su planta de Almussafes (Valencia), que considera una «fábrica puntera» y precisó que las ayudas en un contexto de crisis como el actual son muy aprovechables.
General Motors, con planta en Figueruelas (Zaragoza), señaló que, a la espera de conocer la regulación, «por supuesto que si se adecúan a nuestras características y objetivos, las solicitaremos, pues estamos seguros de que impulsarán el sector».
PSA Peugeot-Citroën, que gestiona las fábrica de Vigo y Villaverde (Madrid), también opta por la espera de la regulación antes de pronunciarse, pero deja abierta la puerta a su solicitud «en función de nuestras características y necesidades».
Un portavoz de Nissan, con plantas en Barcelona y Ávila, confirmó que la compañía optará a las ayudas, aunque aún desconoce qué proyectos presentará. En cualquier caso, fuentes de Nissan aseguraron que la empresa hará lo que esté en sus manos para obtener la mayor cuantía posible.
Volkswagen, que tendría derecho a las ayudas por su planta avarra de Landaben, no se aparta del guión de espera a la fórmula reguladora, pero recuerda que su fábrica garantiza la carga de trabajo a medio plazo, al haber sido la adjudicataria del montaje del nuevo Polo, un hecho que ha motivado que sea uno de los pocos fabricantes que no hayan recurrido a la solicitud de un expediente de regulación de empleo (ERE).
El portavoz de Mercedes-Benz, con planta productiva en Vitoria, afirmó que solicitarán las ayudas, pero que están en fase de estudio en los aspectos que se van a concretar, aunque hay prioridad en lo relativo a formación, procesos productivos y medio ambiente.
Del resto del sector automovilístico, organizaciones como las de importadores, concesionarios y vendedores, lamentan que estas ayudas no se extiendan a sus actividades y a toda la cadena de valor de la industria y recuerdan al Gobierno que «si no se venden coches, tampoco se trabaja en las fábricas».
