Desde mediados de 2010, todos los vehículos nuevos que adquieran las distintas autoridades públicas se comprarán atendiendo, además de al precio, a cuestiones medioambientales como el consumo o las emisiones contaminantes.
El Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de la Comisión por la que, desde mediados de 2010, todas las autoridades deberán tener en cuenta el impacto medioambiental de los vehículos que compren, y no sólo atenderán a criterios de precio o coste como se hace actualmente.
La medida, que tiene el visto bueno de los Estados miembros y se plasmará en una futura directiva, pretende impulsar el uso de coches más eficientes y menos contaminantes en la UE, donde las autoridades adquieren cada año unos 110.000 turismos, 110.000 industriales ligeros, 35.000 camiones y 17.000 autobuses.
Asimismo, resulta coherente con la línea adoptada por Bruselas frente a los consumidores, a los que «premia» abaratando los modelos más ecológicos. Y frente a la industria, sobre la que redobla la presión amenazando con límites muy severos en las emisiones de CO2 –120 gramos por kilómetro¬– de los nuevos automóviles a partir de 2012; y con las multas que se impondrán a quienes se pasen contaminando: hasta 95 euros por gramo.
Con la nueva normativa, cuando se abra un proceso de contratación pública, el ecológico será uno de los criterios de adjudicación y los costes operativos de consumo, las emisiones de CO2 y otras se cuantificarán en términos monetarios.
Vida útil
La legislación se extenderá a los vehículos de transporte por carretera comprados por las distintas administraciones. Y a los de transporte de pasajeros aplicados a un contrato de servicio público.
Sólo se podrá ignorar la norma con los dedicados a usos específicos como la construcción, las canteras, los aeropuertos, las fuerzas armadas y de orden público y los servicios de bomberos.
