Los líderes demócratas del Congreso esperan resolver en «las próximas horas» los últimos escollos para para votar definitivamente un plan de rescate de 15.000 millones de dólares para los «Tres Grandes de Detroit» antes del viernes.
Para General Motors (GM), Ford y Chrysler, sumidos en una grave crisis de liquidez y al borde de un abismo, el tiempo apremia y el Congreso debe lanzarles ya el salvavidas.
Desde el pleno del Senado, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, predijo hoy sin asomo de duda que podría llegar a un acuerdo con la Casa Blanca sobre el préstamo de emergencia para las empresas «esta noche o mañana».
Reid reconoció que aún quedan «dos asuntos principales» que resolver en las febriles negociaciones iniciadas el viernes pasado para lograr una solución consensuada, pero dijo que «esperamos completar el trabajo en esto esta noche o mañana».
Fuentes legislativas dijeron a Efe que las trabas giran en torno a la autoridad que tendría un «zar del auto» para vigilar el manejo de los fondos y la reforma del sector, y el lenguaje que se incluirá en el texto sobre si la «viabilidad» de las empresas sería una opción o un requisito para acceder a los fondos.
Eso refleja la preocupación sobre la forma en que los Tres Grandes de Detroit devolverán el dinero de los contribuyentes. La Casa Blanca y los republicanos exigen que sólo se desembolse dinero a las empresas que demuestren «viabilidad» a largo plazo.
Reid prevé realizar consultas con el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, y no está claro aún si la votación del plan comenzará en el Senado o en la Cámara de Representantes. Los demócratas necesitan el «sí» de al menos diez republicanos en el Senado y sin el impulso de McConnell eso está en duda.
Para McConnell, la propuesta de entrada es un fracaso porque «no da garantías a los contribuyentes que, con razón, esperan seamos buenos custodios del dinero ganado con el sudor de su frente, que no se les pedirá desembolsar miles de millones de dólares más» a corto o largo plazo.
«Esta propuesta no va lo suficientemente lejos. No exige rendición de cuentas ni de la gerencia ni del sindicato», se quejó. La propuesta tampoco despeja las dudas de la Casa Blanca.
«No habrá financiación a largo plazo si no pueden demostrar su viabilidad a largo plazo», sentenció esta mañana la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, rumbo a Nueva York con el presidente George W. Bush.
Las negociaciones mantienen en ascuas a Detroit y a grupos sindicalistas, que advierten de que el colapso de tan sólo una de las empresas sería sinónimo de millones de despedidos y tendría un efecto dominó en el resto de la economía.
Brian Schneck, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz (UAW) en Hicksville, Nueva York, afirmó que están en juego 3,3 millones de «buenos trabajos» y que «el préstamo puente» beneficiaría a la clase media.
Sólo que la opinión pública no tiene apetito para más rescates, especialmente a la luz del caos suscitado con el rescate de Wall Street. El 54 por ciento de los estadounidenses se opone al rescate de las empresas automotrices, según una encuesta del lunes de la cadena ABC y el diario «The Washington Post».
Entre otros elementos, el plan ofrecería a los Tres Grandes de Detroit 15.000 millones de dólares y crearía la figura de un «zar del auto» que supervise el manejo de los fondos. Además de otras ataduras para las empresas, el Gobierno sería el principal «acreedor» y recibiría garantías en acciones equivalentes al 20 por ciento del préstamo.
GM, Ford y Chrysler tendrán hasta el 31 de marzo de 2009 para demostrar que son viables a largo plazo. Además, los fabricantes tendrán que restringir las compensaciones y bonos a los ejecutivos, no podrán pagar dividendos a los accionistas mientras están endeudados con el Gobierno, y tendrán que deshacerse de sus aviones privados.
El préstamo se otorgaría a un plazo de siete años, con una tasa de interés del 5 por ciento en los primeros cinco años y del 9 por ciento en los dos años restantes. Una vez logrado un acuerdo definitivo, el siguiente paso en el complejo entablado legislativo sería determinar si los legisladores podrán o no proponer enmiendas.
