La Plataforma por la Defensa del Transporte ha acordado este fin de semana convocar nuevos paros a menos que el Gobierno atienda a sus peticiones. Según exponen, sólo una de cada seis medidas de las 54 redactadas por el Ejecutivo está siendo cumplida.
La amenaza de nuevos paros en el sector del transporte es cada vez más patente. La huelga que este pasado junio paralizó nuestro país y su industria, y que supuso una semana de caos en España, puede volver de manera inminente.
La Plataforma por la Defensa del Transporte, tras una asamblea realizada este sábado 6 de septiembre en Santiago de Compostela, ha decidido realizar nuevos paros en el sector si el Ejecutivo no atiende a sus peticiones. La huelga puede volver a convocarse antes de 90 días y sin previo aviso. ‘Podría ser en tres meses o uno si no existe un compromiso estatal’, exponen a la agencia EFE desde la asociación.
Y es que de las 54 medidas redactadas por la Administración en junio para detener la huelga, sólo nueve (una de cada seis) se han cumplido. De hecho, una de ellas, la relacionada con la actualización de tarifas del transporte en función de las variaciones del precio del carburante, no se cumple en un 90 por ciento de los casos. Como defienden los camioneros, se encuentran en una situación mucho peor que a principios de verano ante la imparable subida del gasóleo.
Para la mayoría de trabajadores del gremio, las medidas aprobadas por el Gobierno no son sino parches y, ‘si cesaron temporalmente la huelga’, fue por la presión social que se generó.
Tarifa mínima: no se cumple
Su principal reivindicación se centra en la aprobación de una serie de medidas que regulen el incumplimiento, por parte de las empresas, de las propuestas impuestas desde el Ejecutivo, como se hace en países como Italia o Portugal, principalmente, en lo que se refiere a los pagos por debajo de los costes. Según defienden desde la Plataforma por la Defensa del Transporte, la gran mayoría de las entidades contratistas están realizando ‘dumping’: rebajan hasta en un 40 por ciento el precio mínimo estipulado por el Gobierno, una actitud que tachan de inadmisible y que es presentada como el principal motivo para parar de nuevo su actividad.
Para poder obligar a los contratistas a dicho cumplimiento, exigen al Ejecutivo que publique las medidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este próximo octubre. ‘Si no lo hacen, en octubre pararemos, pero esta vez sin camiones, nos quedaremos en casa sin trabajar’, explica José Belmonte, portavoz de la sección de Madrid de la Plataforma. La facción de la capital se reunió también este fin de semana en el Ministerio de Fomento, donde fueron recibidos por Víctor Morlán, secretario de Estado de Planificación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Fomento.
Por otra parte, algunas de las medidas fiscales, que desde el sector califican de indispensables, no se han aprobado, como la reducción del impuesto de seguros o la devolución del IVA.
Objetivo: conseguir la mayoría absoluta
La Plataforma por la Defensa del Transporte lleva unas semanas en ‘campaña de adhesión’. Así, 25.000 empresas con 80.000 camiones se han unido a la causa, pero esperan que esta cifra suba a 80.000 empresas y 350.000 camiones respectivamente.
Esta asociación representa a los pequeños y medianos transportistas, que suponen un 90 por ciento del sector. Un total de 44 bases se reparten por toda España y esperan que la mayoría de los trabajadores secunden la huelga. En el paro de principios de verano, más de la mitad de los camioneros (los pertenecientes a la Confederación Española del Transporte de Mercancías) no se unieron a los paros y fueron los más perjudicados: sufrieron pérdidas valoradas en 77 millones diarios y 5 millones cada día derivados de los daños ocasionados por los piquetes.
Más de 500 millones de euros al día
Durante los seis días que duró la huelga, España se vio envuelta en una situación de caos. Se cortaron las principales carreteras y se cerró el transporte de mercancías a todos los sectores económicos que dependen del mismo: agricultores, ganaderos, fabricantes de coches, la industria alimentaria, la metalúrgica, los distribuidores comerciales… por no mencionar la ‘sequía’ sufrida en las estaciones de servicio.
Todo ello supuso pérdidas de 500 millones de euros diarios. Aunque, como supuestamente se expone, los piquetes no corten las carreteras en este nuevo y posible paro, las pérdidas serán similares, sobre todo si une un mayor porcentaje de camioneros.
Fuente: Autopista
