La presidencia francesa de la Unión Europea ha propuesto retrasar de 2012 hasta 2015 la plena entrada en vigor del recorte de las emisiones de CO2 de los coches. Se trata de que los fabricantes dispongan de tres años más para adaptarse al nuevo límite de 130 gramos de CO2 por kilómetro, que se introducirá de forma gradual.
La Comisión Europea había propuesto obligar a partir de 2012 a cada fabricante a garantizar que las emisiones medias de su flota de vehículos nuevos están por debajo de los 130 g/km. Además, se deberán lograr otros 10 g/km de reducción mediante medidas adicionales como el uso de biocarburantes o la mejora de los neumáticos.
El texto de compromiso presentado por París para intentar lograr un acuerdo entre los Veintisiete diluye este objetivo y señala que en 2012 sólo deberá cumplirlo el 60 por ciento de la flota de cada fabricante. En 2013 el porcentaje aumentaría hasta el 70 por ciento, en 2014 hasta el 80 por ciento y sólo en 2015 la totalidad de la flota de cada fabricante debe emitir menos de 130 g/km.
Además, la presidencia francesa da más flexibilidad a los fabricantes ya que les permite que no toda la reducción de emisiones se concentre en la tecnología del motor sino que hasta 7 gramos de CO2 podrán recortarse con la ayuda de «tecnologías innovadoras».
Finalmente, Francia introduce un objetivo de reducción a largo plazo que no aparecía en la propuesta original de Bruselas. En concreto, propone que el límite de emisiones de CO2 en 2020 se sitúe entre 95 y 110 g/km. También fija un complejo sistema para calcular las multas a las que se enfrentarán los fabricantes que incumplan los límites que en términos generales suaviza el plan inicial de la Comisión.
La norma sobre emisiones de CO2 de los coches debe ser aprobada por los Veintisiete y por la Eurocámara. El pasado 25 de septiembre, la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo respaldó las propuestas de la Comisión, pero este resultado todavía debe ser ratificado por el pleno.
La organización ecologista Greenpeace criticó con dureza la propuesta de la presidencia francesa y aseguró que se trata de «malas noticias para los consumidores europeos y para el medio ambiente».
