Las aseguradoras que operan en España apoyan que se revise el sistema que fija las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico, especialmente en el caso de grandes lesionados, aunque insisten en conservar la fórmula actual de pagos tasados en función de los daños, ya que evita conflictos.
Tanto el supervisor del sector asegurador, la Dirección General de Seguros (DGS), como la patronal de las compañías, UNESPA, señalan que la gran ventaja del baremo de indemnizaciones desde que en 1995 se empezó a aplicar de forma obligatoria es que ha conseguido que el 90 por ciento de las compensaciones por daños corporales se solucionen por la vía amistosa.
Además, ha unificado las indemnizaciones en todo el territorio nacional, impidiendo la discrecionalidad que hacía que en dos casos iguales, los afectados pudieran cobrar cantidades radicalmente distintas.
No obstante, el máximo responsable de la DGS, Ricardo Lozano, reconoce que las indemnizaciones han de revisarse al hilo de la nueva Ley de responsabilidad civil y seguro en circulación de autos, que ha supuesto un incremento generalizado en las indemnizaciones máximas que establece el seguro obligatorio de vehículos para las víctimas.
En la actualidad, las indemnizaciones máximas que puede cobrar una víctima oscilan entre 1,5 millones y 2 millones de euros, pero sólo para los casos más graves como, por ejemplo, tetraplejia o comas cerebrales.
En UNESPA admiten que «las indemnizaciones de grandes lesionados hay que incrementarlas», al tiempo que se quejan de que el 60 por ciento de las lesiones son latigazos cervicales que no generan ninguna secuela y que en algunos casos son susceptibles de ser fraudulentas.
Según sus cálculos, el número de lesionados con secuelas permanentes causadas por accidentes de tráfico se sitúa entre las 260.000 y las 290.000 personas cada año, aunque sólo una pequeña parte son casos extremadamente graves.
La patronal de las aseguradoras insiste en que está de acuerdo con que se revisen las valoraciones de las secuelas y las cuantías de las indemnizaciones, los daños morales y el lucro cesante, aunque pide que esa actualización se haga «en profundidad» y de forma «técnica», con lo que no se deje a criterios subjetivos la valoración de las indemnizaciones para evitar conflictos.
Uno de los asuntos más polémicos que se abordará en la revisión que se inicia a finales de noviembre es el lucro cesante, es decir, los perjuicios que las secuelas causarán en el futuro, y no sólo los relacionados con pérdidas de ingresos.
UNESPA se muestra de acuerdo con buscar «un método mucho más justo y equilibrado», aunque recuerda que un incremento general podría repercutir en el coste de los seguros de automóviles porque las indemnizaciones «las pagamos todos».
En cambio, el director general de Seguros, Ricardo Lozano, no encuentra una relación tan directa entre el incremento de las indemnizaciones, ya que en el precio de las primas influyen otros factores como la «competencia, transparencia y eficiencia».
Aunque reconoce que la subida de las indemnizaciones comporta «costes económicos» para las aseguradoras, Lozano confía en que se encontrará un equilibrio respecto al lucro cesante que sirva para todos los casos y que sea razonable.
Otra de las cuestiones polémicas que señalan las víctimas de accidentes es la diferencia entre las indemnizaciones pagadas en España y las que se abonan en Europa. La patronal aseguradora admite que en otros países europeos son más cuantiosas, aunque las primas también son superiores y el nivel de vida es igualmente mayor.
