El PP cree que se pretende sanear las cuentas públicas y el PSOE buscará «el mayor consenso».
La reforma planteada por el Gobierno para que las Administraciones agilicen y se aseguren el cobro de multas encontrará durante su trámite en el Congreso de los diputados una dura oposición a sus puntos más polémicos. La mayoría de los grupos parlamentarios presentes en la comisión de Seguridad Vial se plantean la introducción de enmiendas al texto para suavizar su entrada en vigor a finales del año que viene.
Con la reforma, Tráfico espera cobrar el 80% de las multas que impone y hacerlo antes. Si lograra recaudar el 100% de las sanciones, ingresaría alrededor de 780 millones anuales.
No obstante, algunas de las medidas que se proponen han sido recibidas con sorpresa en el Congreso. Así, aunque desde el PSOE adelantan que la reforma era necesaria para agilizar el sistema actual y que la propuesta del Gobierno no vulnera las garantías jurídicas de los conductores, su portavoz en la Comisión de Seguridad Vial, Carlos Corcuera, asegura que tratarán de buscar el mayor grado de consenso posible con el resto de grupos parlamentarios.
El plazo de presentación de enmiendas al texto, que se debatirá en la Comisión de Interior, ha sido ampliado hasta comienzos del año que viene.
Menos contemporizador se muestra el PP, cuyo responsable en temas de Seguridad Vial, Federico Souvirón, cree que lo mejor del texto presentado es que podrá cambiarse durante el trámite parlamentario para conseguir que se persigan de verdad las conductas antisociales y no insistir tanto en la recaudación.
«La inseguridad vial no debe ser pretexto para sanear las cuentas públicas», opina Souvirón, para quien medidas propuestas como la inmovilización y el achatarramiento de vehículos para conductores morosos son una «barbaridad».
Tampoco desde el PNV, que ostenta la presidencia de la Comisión de Seguridad Vial, se tiene una opinión positiva de la propuesta del Gobierno. «Como en el carné por puntos, incide otra vez en la represión sobre el conductor y basa todo en el derecho punitivo cuando existen otras vías para mejorar la seguridad vial, además no tiene en cuenta a las administraciones que tienen transferidas las competencias de Tráfico», asegura su portavoz, Emilio Olabarria.
Mientras, desde CiU, Jordi Jané descarta por el momento concretar qué tipo de cambios pedirá su grupo, aunque señala que la aplicación de reformas más duras en países como Portugal han dado resultados óptimos en términos de reducción de accidentes. «Un sistema más eficaz aumentará la capacidad disuasiva hacia los infractores. Estamos dispuestos a recibir propuestas para mejorarlo, pero consideramos que no menoscaba las garantías de los conductores», concluye.
Un reforma «pactada»
El director general de Tráfico, Pere Navarro, aseguró el pasado viernes que la reforma propuesta ha sido ya pactada con ayuntamientos, comunidades autónomas y que, además ha sido avalado desde el punto de vista constitucional por distintos catedráticos. El anteproyecto de ley para la reforma del procedimiento sancionador representa toda una batería de novedades en temas como la notificación de multas por vía electrónica, número de alegaciones y recursos a disposición del conductor, responsabilidades que se le atribuyen y medidas provisionales para asegurar el cobro de multas.
Así, se contempla una única notificación en lugar de las tres actuales, y premia el prontopago de los infractores con un descuento del 40% del importe de las multas.
Además, establece una serie de medidas provisionales para los conductores morosos como son la inmovilización del vehículo y, eventualmente, su achatarramiento o su uso para labores de seguridad vial.
Tráfico asegura que la reforma persigue evitar la sensación de impunidad que tienen los conductores frente al sistema actual, donde el cobro de una multa se puede dilatar más de un año y perder así su sentido «ejemplarizante».
