Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP que se ha abstenido, aprobaron en el Pleno del Congreso la reforma del procedimiento sancionador de la ley de tráfico, que pretende fundamentalmente reducir el tiempo desde que un conductor comete una infracción hasta que se le impone la sanción. La nueva norma también simplifica y agiliza el sistema de notificaciones, revisa a la baja la pérdida de puntos y aumenta el descuento por pronto pago.
Hace una semana, los ‘populares’ votaron a favor de la modificación de la norma en la Comisión de Interior del Congreso, pero esta mañana el portavoz de Seguridad Vial del PP, Federico Souvirón, ha anunciado en el transcurso del debate de la iniciativa que su grupo votaría en contra. Sin embargo, el PP finalmente se ha abstenido.
La decisión del Grupo Popular ha supuesto una «sorpresa» en el resto de las formaciones, que no entienden este «cambio de postura» y lamentan que el PP no respalde una ley tan importante.
Souvirón ha explicado a los medios que el PP «no ha cambiado de criterio» porque «desde el principio» no le gusta la reforma y agregó que hace una semana apoyó la modificación con la esperanza –ha alegado- de que durante ese tiempo se introdujeran las modificaciones que ellos pedían en el proyecto de ley.
El portavoz del PP ha explicado el rechazo de su grupo a la ley al indicar que se trata de «un proyecto desatinado» que tiene como fin «un procedimiento rápido de recaudación» y que «no es una ley de seguridad vial». Asimismo ha afirmado que la situación de los conductores será «más débil», ya que la norma les insta a «no alegar nada y pagar».
La norma fue aprobada finalmente por 193 diputados y rechazada por otros dos. Mientras, 137 parlamentarios del PP se abstuvieron. De este modo, el texto pasa ahora al Senado.
La norma, contempla una única notificación, en lugar de las tres actuales, y premia el pronto pago de los infractores con un descuento del 50% en el importe de las emisiones, por el actual 30%.
Además, fija una cuantía exacta de las multas, con 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, si bien éstas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al «peligro potencial creado».
Si el conductor no paga ni alega en el plazo de 15 días, la sanción será firme en el plazo de un mes, y el dinero recaudado con las multas se destinará a la seguridad vial.
Por otro lado, el conductor con dos sanciones firmes graves no podrá renovar el permiso de circulación ni vender el vehículo y los agentes podrán inmovilizar el coche a quien no tenga el seguro obligatorio, lleve inhibidores de radar (para lo cual se prevé la multa más alta: 6.000 euros) o no haya pagado dos multas.
Por último, la ley reduce los casos de pérdida de puntos. Así, no se restarán puntos hasta los 151 kilómetros por hora en las autopistas o autovías con un sistema de velocidad variable de entrada a las grandes ciudades, como Barcelona.
Tampoco perderá puntos, aunque sí será multado, quien estacione o pare en el carril bus, la grúa no se llevará un vehículo aparcado en zona azul sin autorización, sólo se podrá pasar la ITV si está pagado el seguro obligatorio y no será necesario llevar la documentación en el coche, sino que bastará con tener los papeles en regla.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló al concluir el debate entre los grupos parlamentarios que la ley «aumenta su efecto disuasorio y pedagógico» y que «lo que se trata no es de multar más, sino de multar menos y que se infrinja menos. Lo que se trata es de mejorar la seguridad vial».
