El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se mostró ayer satisfecho con las garantías que sobre el futuro de Renault en España le ofreció el presidente del grupo automovilístico francés, Carlos Ghosn, en la reunión que celebraron hace unos días en París.
Sebastián se expresó de esta forma en respuesta a una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado formulada por el senador popular José Valín.
Valín expresó su sospecha de que la decisión de Renault de no conceder a la factoría de Valladolid la reciente adjudicación de la producción de dos coches obedece a la «petulancia de nuestro presidente, (Jose Luis) Rodríguez Zapatero» de que España iba a crecer más que Francia.
El ministro reconoció que una de las grandes desventajas de la industria automovilística española es que los centros de decisión no están aquí, por lo que el compromiso de Renault de producir un 15 por ciento más en España, es «una buena noticia».
Otro motivo de satisfacción para el ministro en la respuesta al senador popular es el otro acuerdo de la reunión con Ghosn relativo a la producción de un coche eléctrico en España y que saldrá de las conclusiones de un grupo de trabajo al efecto que se conocerán en febrero del año que viene.
Valín, en su réplica, dijo que los problemas de la industria del automóvil española no se resuelven con viajes relámpago, sino con un «trabajo serio» sobre coches convencionales que garanticen la producción durante quince años.
En su intervención, el ministro de Industria explicó por qué en la reunión con Ghosn no se había tratado el ERE de 1.680 empleados de Nissan Motor Ibérica y la razón aducida fue una petición del propio presidente de Renault, al celebrarse la reunión en la sede de la marca del rombo.
El ERE de Nissan también fue objeto de pregunta al Gobierno en la Cámara Alta por parte de la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
Corbacho se limitó a señalar que hay una intensa y permanente coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para «definir las políticas que resuelvan el conflicto lo más rápido y favorablemente posible».
Sánchez-Camacho responsabilizó al Gobierno de que uno de cada cuatro nuevos desempleados sea catalán y añadió que ante la relación de nuevos ERE en esa comunidad no se trata sólo de un problema de Nissan, sino de muchas empresas.
