Unos dos millones de vehículos eluden en España la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), porque «sus propietarios son perfectamente conscientes que, dado su estado, no la van a pasar», ha dicho Luis Rivas, secretario general de Aeca-ITV, la asociación que engloba las empresas de este sector.
Rivas ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) que intensifique el control y la localización de estos vehículos, ya que al organismo se destina una tasa de 3,54 euros por inspección.
Ello supone, según Rivas, que la DGT recibe más de 30 millones de euros al año por este concepto «y, moralmente, el usuario que paga esta tasa tiene derecho a exigir a Tráfico que sancione o controle a quienes no pasan la ITV y ponen en peligro vidas humanas».
El secretario general de Aeca-ITV alude a un informe de la Universidad Carlos III de Madrid, en el que se indica que si el 15% de los vehículos que eluden la revisión la llevaran a efecto cuando corresponde, se contabilizarían 1.500 accidentes menos, el número de heridos se reduciría en 2.000 y los muertos en 75.
Sobre la modalidad de adjudicación de instalaciones de ITV, Rivas ha puntualizado que este servicio «no puede ser sometido a las reglas de competencia del mercado, pues una apertura incontrolada de centros puede perjudicar notablemente la calidad».
Rivas, sobre este punto, ha indicado que «lamentablemente asistimos a manifestaciones políticas, no técnicas, que abogan por la libre competencia y una liberalización sin control, y estos conceptos, que son muy positivos para la compra y venta de bienes y servicios, aplicado a actividades de inspección son el preludio de un fracaso en una actividad que contribuye a reducir accidentes de carretera».
A este respecto, ha aludido a la comunidad de Castilla-La Mancha que había establecido un sistema de libre competencia de apertura de centros y una orden del mes de mayo del gobierno autonómico ha paralizado durante cinco años la apertura de estas instalaciones en ese territorio.
Aeca-ITV, según su secretario general no muestra favor hacia ninguna de las tres soluciones de adjudicación del servicio que operan y que se han mostrado, hasta ahora, eficaces.
Rivas se refiere a la concesión administrativa, a la autorización administrativa contingentada y a los servicios directos de las Administraciones Autonómicas, que se aplican en Extremadura, a través de la propia Junta, y en Andalucía y Asturias, por medio de empresas públicas.
Según la memoria de esta asociación empresarial, en 2009 más de tres millones de vehículos han sido rechazados en primera inspección y en las posteriores, el porcentaje de rechazos se ha mantenido en un 5,6% (167.141 vehículos).
